1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial

Punto 1: Tierra y Territorio

El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.

Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:

  1. Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.

    El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:

    • Resguardos indígenas y territorios ancestrales
    • Territorios colectivos afrocolombianos
    • Zonas de Reserva Campesina
    • Zonas Agroalimentarias
    • Zonas de biodiversidad
    • Territorios interétnicos e interculturales
    • Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades. Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.

    Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y la convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.

  2. Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes. Incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina.
  3. Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

    Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares.

  4. La constitución de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, de las propiedades de los narcotraficantes, de aquellos que no cumplan con la función social de la propiedad, que atenten contra su vocación natural y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
  5. Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.
  6. Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.
  7. Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.
  8. Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.
  9. Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se amplié a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT. Garantizar con carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.
  10. Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir extensiones mayores a las UAF autorizadas en dicha norma.
  11. Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
  12. Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
  13. El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.
  14. La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.
  15. La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.
  16. El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres
  17. La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria, la protección ambiental y demás disposiciones del pliego.
  18. El mar es otra expresión territorial, que necesita la garantía de los derechos de las comunidades costeras y de pescadores artesanales.