5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia

Punto 5: Garantías, víctimas y justicia

Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática.

Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:

  1. La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.
  2. El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho proceso. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos, y militares con los paramilitares.
  3. La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico a las víctimas, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada.
  4. Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.
  5. Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.
  6. Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.
  7. Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la movilización social de las décadas de los 90´s, 2.000 y 2010, particularmente de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro de Catatumbo, paro nacional agrario y la minga indígena del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.
  8. Garantías para el derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos. Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
  9. Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.
  10. El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.
  11. Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social en esta materia. Reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que priorice la inclusión social, el respeto de garantías y la prevención del delito.
  12. Tomar medidas efectivas contra la mal llamada “limpieza social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables. 13. Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la oposición.
  13. Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
  14. Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
  15. Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.
  16. Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas.
  17. Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo ni instrumento, ni botín de guerra.
  18. Cese de la violencia contra la mujer. Tipificación del feminicidio como un delito específico y diferenciado en el código penal. Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008.
  19. Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU. Exigimos que el Estado colombiano adopte de manera plena y perentoria la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos, indígenas y afro.
  20. Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras federaciones similares. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
  21. Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.
  22. Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro.
  23. Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, que no se involucre la población civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales.
  24. Reconocimiento y no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares.
  25. Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar. Que deje de aplicarse la figura del “blanco legítimo”, las ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.
  26. Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores populares. 28. Democratización del espectro electromagnético.