6. Derechos sociales

Punto 6: Derechos sociales

Para los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades, realidades y cosmovisiones de las comunidades, con enfoque diferencial.

Por lo tanto, Exigimos y mandatamos:

  1. El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
  2. Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
  3. Cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas.
  4. Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
  5. El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
  6. Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos.
  7. Derogar la ley 30 de 1992 de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.
  8. Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.
  9. Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
  10. Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región. Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
  11. El fin de la política del subsidio a la demanda y que se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación. Una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993.
  12. La concertación con la sociedad de una nueva política y legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
  13. El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contratación directa, garantías laborales, protección de la libre asociación, derecho a la huelga y reparación a las personas perseguidas por defender sus derechos sindicales.
  14. La definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue salud, pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
  15. Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua será concebida como un derecho y bien común. Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua.
  16. La condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
  17. Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de servicios públicos.
  18. Garantía del derecho a la energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con ellos.
  19. Programas masivos de vivienda rural digna solucionando el déficit cualitativo y cuantitativo.
  20. Respeto por la propiedad comunitaria para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social.
  21. Toda infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.