7. Relación campo-ciudad

Punto 7: Relación campo-ciudad

La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial.

Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:

  1. La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios.
  2. La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
  3. Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera.
  4. Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter estatal o público con veeduría de las comunidades.
  5. En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.
  6. Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.
  7. Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios.
  8. Participación efectiva, pluralista y democrática de los sectores sociales y populares impulsados desde sus dinámicas organizativas en el ámbito local, regional y nacional para televisión, radio y prensa; a través de la asignación de un canal de televisión nacional; la liberación del uso del espectro electromagnético para las comunidades agrarias, campesinas, étnicas y populares; el reconocimiento de las emisoras legítimas (emisoras que no cuentan con la documentación estatal para su funcionamiento) su no persecución y cierre; la publicación, difusión y circulación de sus producciones escritas.
  9. La creación de un sistema nacional de producción audiovisual (cine, documental, argumental, corto, etc.) su realización, distribución, difusión y circulación que refleje un contenido social, formativo, recreativo, sin ánimo de lucro que plasme las dinámicas, lógicas y lenguajes populares.
  10. El Impulso, difusión y no persecución del arte gráfico como el grafiti, el mural, el diseño, entre otras.
  11. La logística y parte operativa de los espacios de articulación de los medios alternativos, comunitarios y populares en el trabajo local, regional, nacional e internacional.
  12. Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sea por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de las problemáticas urbanas que surge de modelos de despojo del sector rural.
  13. Exigimos una reforma urbana integral que incluya:
    • Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente
    • El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado
    • La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado
    • La creación de la ley orgánica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida
    • Participación comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de presupuestos y dirección del recurso público, para la construcción de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades
    • Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.