PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO ANTE LA MESA DE PROTECCIÓN DE LA VIDA

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ante el incremento de la violencia socio política en contra de líderes/as sociales, defensores/as de Derechos Humanos y comunidades en nuestros territorios, reconocemos la importancia de la creación de la Mesa de Protección de la Vida en el marco de la Resolución No. 393 del 9 de julio de 2018 y agradecemos la invitación a participar en la sesión que se desarrollara el día 23 de agosto de 2018 en Apartado, Antioquia.

Sin embargo, nuevamente nos vemos obligados a exigir al Presidente de la República señor Iván Duque; al Ministerio del Interior; la Dirección de Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y solicitar a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación; que cumplan y asuman la responsabilidad constitucional en relación a la investigación, prevención, protección, sanción y garantías efectivas de no repetición para el ejercicio de los Derechos Humanos de los colombianos y colombianas.

Es alarmante afirmar que en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 20 de agosto de 2018, a nivel nacional 462 líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos han sido asesinados. En 2016 fueron asesinados 116, en 2017 fueron asesinados 191, en 2018 ya van 150 y tiende a superar al año anterior.

Entre el 24 de noviembre del año 2016 (Fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final de Paz) y el 20 de julio de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 80 ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación, 18 familiares y 6 ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente.

Desde el 4 de enero al 27 de Mayo de 2018 fueron asesinados/as 90 líderes/as y defensores/as de DDHH. Entre 27 mayo al 17 junio fueron asesinados/as 10 líderes/as y defensores/as de DDHH y desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 han sido asesinados/as 55 líderes/as y defensores/as de DDHH.

Dentro de este contexto, son 53 los homicidios cometidos directamente en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Marcha Patriótica 23, ONIC 21, PCN – ANAFRO 4, Congreso de los Pueblos 3 y Ríos Vivos 2).

A lo anterior se suma que en el año 2018 se han presentado 168 amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas a través de Panfletos, llamadas, mensajes de texto a celulares, mensajes en redes sociales Facebook y Whatssap y e – mails; 32 atentados; 10 casos de desaparición forzada; detenciones arbitrarias; desplazamientos forzados; hurto de información sensible; violencia sexual y confinamientos.

Al revisar el tipo de defensor/a asesinado/a, es alarmante el incremento de homicidios de indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunales (cargos directivos de Juntas de Acción Comunal – JAC o Juntas Administradoras Locales – JAL).

Se evidencia que las personas líderes y defensoras de Derechos Humanos asesinadas realizaban en sus comunidades u organizaciones, acciones diversas de promoción, ejercicio y exigibilidad de derechos.

En el año 2018:

  • 77,53 % de las víctimas de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, JAC y/o formas de gobierno propio de las comunidades étnicas.
  • Al considerar el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) involucran 22 casos.
  • Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los homicidios en el 2018.
  • El 12,31 % de los homicidios fueron cometidos contra mujeres.

Al comparar con los homicidios reportados entre los años 2016 y 2018, la tasa más alta se centra en los mismos departamentos:

  • 2016: Cauca (42), Antioquia (15), Nariño (8), Valle del Cauca (5), Córdoba (5) y Chocó (4).
  • 2017: Cauca (35), Antioquia (27), Nariño (28), Valle del Cauca (14), Chocó (13), Córdoba (9) y Norte de Santander (6).
  • 2018: Cauca (27), Antioquia (24), Valle del Cauca (14), Norte de Santander (13), Nariño (9), Córdoba (10).

Los homicidios se presentaron en 87 municipios ubicados en 29 departamentos del país. El 61,76 % de los homicidios se concentra en 6 Departamentos.

La mayoría de los homicidios se concentran en zonas o regiones de departamentos con altos niveles de militarización en donde se está desarrollando desde el 1 de enero de 2017 el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones” (Plan Victoria) y está en marcha del Plan Horus o Plan Victoria Plus[1].

Estos homicidios se presentan en zonas en donde históricamente hacia presencia las FARC-EP y han sido copadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Así lo confirma el Informe anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “El 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC)[2] y en zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización” (OACNUDH, 2018).

A los hechos anteceden amenazas colectivas e individuales por parte de organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Además, muchos de los homicidios se presentan en zonas en donde existen conflictos de control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas las conflictividades violentas persisten alrededor la tierra, megaproyectos viales y minero energéticos, y de manera más evidente por rentas del narcotráfico o de minería ilegal.

La mayoría de los crímenes son perpetrados por sicarios con armas de fuego de largo y corto alcance, que se movilizan en vehículos y motocicletas que interceptan al defensor/a causándole la muerte con armas de fuego. Otros son cometidos con arma blanca y piedras, en algunos casos se combina el uso de armas de fuego y armas blancas y al homicidio le antecede la tortura y desmembramiento de partes del cuerpo. Hay casos en donde se amarran los cuerpos y aparecen en ríos, otros cuerpos aparecen decapitados.

Al analizar el lugar donde se cometieron los crímenes, continúa la tendencia que se ha identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda del defensor/a; esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio.

Respecto del esclarecimiento y judicialización de los hechos, la mayoría de los casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. Entre los casos que tienen indicios de responsables casi la tercera parte se atribuyen a grupos paramilitares.

Para la OACNUDH “Los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); grupos armados ilegales – ELN (cuatro casos), ex FARC-EP (tres casos), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (un caso); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos)”

En cuanto a las amenazas es notorio que casi todas utilizan siglas de organizaciones sucesoras del paramilitarismo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia – ACG, Águilas Negras, AUC, Rastrojos, entre otras.

En 22 casos en particular han ocurrido bajo la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública. Estas situaciones están relacionadas con homicidios, amenazas y heridas en el marco de la protesta social. Con un especial resurgimiento de los homicidios de civiles en medio de acciones militares y de ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”. También, están siendo investigados miembros de la Policía y el Ejército por 14 asesinatos cometidos durante las protestas sociales.

Asimismo, las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito realizadas por el Ejército Nacional, han motivado choques con las comunidades, que han implicado en algunos casos la muerte de civiles, con lo que se profundiza la desconfianza de la población en el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte del Gobierno Nacional en los programas de sustitución. Uno de los casos de investigación fue el ocurrido en octubre de 2017, dónde 7 manifestantes fueron asesinados en Tumaco, Nariño, en el marco de protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Todo lo expuesto anteriormente muestra un grave incremento de la violencia socio política en contra de líderes/as sociales, defensores/as de Derechos Humanos y comunidades en nuestros territorios. Por tal razón, hoy nuevamente denunciamos la poca efectividad de escenarios que se crean para actuar en defensa de los líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos, y la respuesta a las denuncias sobre los asesinatos ocurridos es precaria. Es decir, no existen garantías efectivas a la protección de la vida, la seguridad e integridad personal para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Colombia.

Insistimos en que el desconocimiento por parte del Estado del paramilitarismo; la poca voluntad del gobierno para sostener y avanzar en el proceso de diálogo con el Ejercito de Liberación Nacional – ELN; las dificultades y poca voluntad en la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, en especial el punto 4 sobre cultivos uso ilícito; la intensificación de la minería y proyectos extractivos en muchos territorios, tiene implicaciones en la actual situación de incremento de la violencia sociopolítica que requiere de manera urgente nuevas medidas que hagan frente a las agresiones que se han venido presentando en contra de los líderes/as, defensores/as de Derechos Humanos y de las comunidades en los territorios prioritarios para avanzar en la paz estable y duradera.

Finalmente, el aumento de homicidios y agresiones en el primer semestre del año 2018 ha sido advertido por las organizaciones sociales y plataformas de DDHH que están exigiendo medidas de prevención y de protección territorial y colectiva como las siguientes:

  • Fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades tales como: las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.
  • Adopción e implementación efectiva del Protocolo para la Coordinación de las Acciones de Respeto y Garantía a la Protesta Pacífica.
  • Pactos regionales de no violencia y en contra de la estigmatización promovidos por los consejos territoriales de paz y demás mecanismos institucionales del sistema de participación.
  • Cese bilateral al fuego bilateral y la continuidad de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN, con participación de la sociedad civil.
  • Cumplimiento de los acuerdos de paz e implementación participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los pactos de sustitución.
  • Expedir el decreto y la ruta étnica para implementar PNIS contemplado en el Capitulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.
  • Incorporación a los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito de todas las familias que han expresado su voluntad de participar, y por lo tanto, suspensión de la erradicación forzada en esos territorios.
  • Ejecución urgente de las inversiones definidas en planes regionales y contratos plan en los municipios más afectados por la violencia.
  • Plan de urgencia de inversión social para la juventud y las mujeres con incorporación masiva a programas educativos y a proyectos productivos y culturales.
  • Cumplimiento estricto de los compromisos con los excombatientes tantos en las Zonas de ubicación como en otras actividades.
  • Compromisos políticos y sociales de implementación plena de los acuerdos con las comunidades en los territorios (Buenaventura, Chocó, Tumaco, Cauca, Bajo Cauca, MIA, Cumbre Agraria, Minga Indígena)
  • Plan anticorrupción que comprometa a todos los agentes del Estado y a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para evitar cualquier complicidad, colaboración o connivencia con las economías ilícitas y las dinámicas violentas para la apropiación de recursos públicos y rentas de negocios legales o ilegales, entre otras
  • La implementación real y material de normas existente en materia de prevención, investigación y protección como lo son los decretos 2124 de 2017, 2262 de 2017, 2078 de 2017, las directivas 002 de 2017 de la PGN y 002 de 2017 de la FGN, El Decreto 660 de 2018 entre otros.
  • Cumplimiento de los Autos 005 y 004 del 2009 para la protección de los pueblos étnicos en grave riesgo de exterminio físico y cultural.

DESCARGAR:  PronunciamientoCACEP-MesaPorLaVida-23-08-2018


[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministro-de-defensa-anuncia-plan-orus-para-recuperar-las-regiones-que-dejo-el-conflicto-articulo-727901

[2] Los Municipios priorizados por el Decreto 1650 de 2017