Pronunciamiento ante la persecución política

A la opinión pública nacional e internacional.

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular rechaza de manera enfática las aseveraciones de la Fiscal Tercera de Cartagena María Bernarda Puente López, al expresar que pertenecer a una organización de la Cumbre Agraria es un peligro para la sociedad, por lo cual se debe imponer medida de aseguramiento intramuros.

Señora Juez, todos los elementos materiales probatorios aportados por la defensa, la Fiscalía ratifica con estos elementos materiales probatorios que la señora Milena es una persona que está dedicada a la política, es que la defensa nos aporta que ella ha hecho parte de marchas, ha hecho parte de organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha hecho parte de la organización de Interlocución del Sur de Bolívar (…) la defensa manifestó que los testigos decían que ella hacía marchas en donde hablaba de la igualdad, del derecho al trabajo, pero se le olvidó decir que igualmente la señora habla de un cambio social y como es de conocimiento, cuando estamos hablando de un cambio social estamos hablando de unas políticas diferentes a las establecidas en el Estado, diferente a la política social del Estado.” Fiscal Tercera de Cartagena, María Bernarda Puente.

Estas y otras preocupantes aseveraciones las realizó la Fiscal Puente López en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el día 27 de marzo de 2017, dentro del proceso de audiencias concentradas de las 12 personas capturadas en el Sur de Bolívar el pasado 22 de marzo de 2017; dentro de las cuales se encuentran líderes sociales como MILENA QUIROZ, representante legal del Consejo de Comunidades Negras “Casimira Olave Arrincon A Mela”, es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar – CISBCSC e integrante de la Cumbre Agraria; MANUEL FRANCISCO ZABALETA presidente de la Asociación de Mineros de Casa de Barro, vocero de la CISBCSC y miembro de Fedeagromisbol; ISIDRO ALARCÓN reconocido líder comunitario del corregimiento de Micoahumado municipio de Morales, departamento de Bolívar. Además, dentro de los capturados se encuentran algunos pobladores beneficiarios de proyectos productivos financiados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que ejecutan las organizaciones de la Cumbre Agraria.

Judicializar y privar de la libertad a líderes sociales por ser líderes sociales, por defender los derechos humanos, por organizar marchas y movilizaciones, por la condición política de sus acciones y por buscar un cambio social, es una medida, a todas luces, contraria al derecho penal, a nuestra Constitución Política, al derecho internacional de los derechos humanos; porque buscar el cambio social no implica necesariamente hacerlo fuera de los canales institucionales, tal y como lo ha demostrado la Cumbre Agraria, en la Mesa Única Nacional creada mediante decreto 870/2014; y además, las acciones emprendidas por la fiscalía no se corresponden con el contexto actual que vive el país, en el que se busca la terminación del conflicto armado y la paz para el pueblo colombiano.

Manifestamos nuestra alarma ante este tipo de actuaciones de funcionarios del Estado, que son propias de regímenes totalitarios en la que no existe ninguna garantía sustancial y procesal en la aplicación del sistema judicial, militar, policial, o cualquier institución pública u organismo del Estado. Se hace uso de la autonomía del poder jurisdiccional para adelantar una persecución política contra nuestras comunidades campesinas, indígenas, negras y populares, sus líderes quienes nos organizamos para exigir y aportar al cambio social, tan justo y necesario en nuestro país.

Este nuevo hecho se suma a los ya denunciados por la Cumbre Agraria en múltiples oportunidades. Recientemente, en comunicación pública fechada el 8 de marzo, dirigida al Presidente de la República y al Ministro del Interior manifestamos que “Desde la instalación oficial de la subcomisión de derechos humanos y garantías en septiembre de 2015, se han adelantado pocas acciones eficaces para atender la grave situación que atraviesan las comunidades rurales y sus líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos. Lamentablemente durante el 2016 fueron asesinados 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos; durante el 2017 van 30 asesinatos”.

Hemos solicitado al Ministerio del Interior, responsable por el gobierno en la Mesa Única Nacional (Decreto 870/2014) para adelantar el diálogo con la Cumbre Agraria, gestionar reuniones con la fiscalía, articular acciones con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, surgida de los acuerdos de paz de La Habana, adelantar medidas de protección adecuadas para lo líderes y lideresas amenazados, entre otras.

El Gobierno y el Estado ante esta situación de violación a los derechos humanos, se han mostrado indolentes, y sus respuestas ha sido ineficaces, insisten en negar y desconocer que esta situación sea sistemática y producto de la agudización del paramilitarismo en varios territorios del país, tal y como lo atestiguan las propias comunidades. Sumado a ello, ahora son las propias instituciones del Estado, en esta oportunidad la Fiscalía, quienes nos señalan y judicializan, con argumentos contrarios a derecho, lo que demuestra que existe una persecución política.

Ante esta situación, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular buscará medidas de protección y garantías ante organismo nacionales e internacionales. En consecuencia, llamamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a la opinión pública en general, a estar alerta frente a los graves hechos que hemos expresado y a solidarizarse, acompañar y a rodear a las organizaciones y líderes sociales de la Cumbre Agraria y sus acciones en defensa de la vida y el territorio.

#SerLiderSocialNoEsDelito
#QueLaPazNoNosCuesteLaVida
EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON GARANTÍAS!
CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR